Un buen médico para poder curar definitivamente
a su paciente debe hacer un buen diagnóstico. El
diagnóstico es lo que le va a marcar el camino a seguir para extirpar esa
enfermedad. Por lo que se ve, gran parte del éxito de la cura esta en el
diagnóstico y para lograr uno acertado es necesario tener la historia clínica
del paciente.
En las sociedades pasa algo parecido. Cuando las sociedades están “enfermas”, cuando viven en el
caos social permanente y no logran salir de esa situación, para curarla hay que
hacer un buen diagnóstico y para hacer un buen diagnóstico es preciso conocer
su historia y sobre todo, el ideal de sociedad saludable al que queremos
llevarla.
Nuestra sociedad nació de las entrañas de la
tierra, nuestra organización ha sido, en su mayoría espontánea, y no impuesta
desde afuera. Si bien, las Leyes de Indias eran el marco legal en América,
ellas eran muy respetuosas de la “espontaneidad
social”. Podemos decir que hemos
seguido lo que Vazquez de Mella resumía de
manera excepcional en un discurso en el Congreso el 18 de junio de 1907:
“Toda persona
tiene como atributo jurídico lo que se llama autarquía;
es decir, tiene el derecho de realizar su fin, y
para realizarlo, tiene que emplear su actividad y, por tanto, tiene derecho a
que otra persona no se interponga con su acción entre el sujeto de ese derecho
y el fin que haya de alcanzar y realizar. Eso sucede en toda persona. Y
como, para cumplir ese fin, que se va extendiendo y dilatando, no basta la
órbita de la familia, por sus necesidades individuales y familiares, y para
satisfacerlas viene una más amplia esfera y surge el municipio como senado de
las familias. Y como en los municipios existe la misma necesidad de perfección
y protección, y es demasiado restringida su órbita para que toda la grandeza y
la perfección humana estén contenidas en ella, surge una escena más grande, se
va dilatando por las comarcas y las clases hasta construir la región. De este
modo, desde la familia, cimiento y base de la sociedad, nace una serie ascendente
de personas colectivas que constituye lo que yo he llamado la soberanía social
[…].”
Las ciudades de Salta de Tucumán, de Buenos
Aires, de Santa Fe, de Asunción fueron un conglomerado de familias con un fin,
pero dicho fin no pudo alcanzarse dentro de las familias por eso debió
canalizarlo el Cabildo, el municipio.
Hacia 1820 esas ciudades dieron lugar a las
provincias y las provincias a la nación. Esto es la soberanía social de la que
habla Mella. La Nación preexiste al Estado y no al revés.
La lucha entre federales y unitarios no es más
que esa. Los primeros consideran que la Nación es creación espontánea. Así, las
finalidades del individuo y la colectividad son satisfechas dentro de las
familias, de las regiones, de las ciudades o de las provincias, pero necesitan de una soberanía política,
como la llama Mella, para proteger y cooperar en la
obtención de estos objetivos, individuales y colectivos. Los segundos
consideran que el Estado es “creador” de la nación, el Estado es dispensador de
todos los derechos y deberes, el Estado es TODO.
No hay sociedades que preceda al Estado.
En la primera alternativa el Estado es una
consecuencia lógica de una sociedad en progreso. En la segunda alternativa, el
Estado es causa de la sociedad, sociedad que ya existe pero que debe rehacerse
bajo los parámetros estatales liberales.
Los federales argentinos, con todos sus
aciertos y con todos sus errores, muchas veces con teorías eclécticas, buscaron
dar una respuesta a las necesidades familiares, comunales, provinciales y
nacionales. Los unitarios, considerando, muchas veces despectivamente, que las
familias, las comunas y las provincias, no podían saber cuales eran las
verdaderas finalidades a perseguir para hacer una nación grande y poderosa,
proponían guiar ellos “desde arriba”, desde el Estado, el curso social. De ahí
siempre su urgencia constitucionalista, de ahí su desprecio hacia “lo popular”
bien entendido.
Cuando Juan Manuel de Rosas llegó al poder
buscó cooperar y proteger a la soberanía social. ¿Pero
si siempre estuvo en guerra, me dirán? Primero y principal, en guerra contra los
unitarios que querían fagocitar a la soberanía social en la soberanía política.
Segundo, en guerra contra los intereses extranjeros que venían a imponer un
modelo que destruía la espontaneidad social de nuestra patria en pos de un
beneficio puramente comercial para ellos. Por otro lado, ¿si en una familia nos
cuesta ponernos de acuerdo en cuanto a los fines a perseguir, imagínense en un
municipio, una ciudad, una provincia, en una nación!? Con esto no es que quiero
justificar las cosas que Rosas ha hecho mal sino más bien rescatar su
intención: encauzar la espontaneidad social y nunca violentar sus objetivos,
por eso él era quien manejaba las Relaciones Exteriores y los recursos de la
Aduana y no intervenía en la organización social y política de las provincias
ni en sus cuentas. Lo hizo sí, desde el manejo de la Aduana, cosa imposible de
evitar estando esta en la provincia de Buenos Aires y queriendo la nación
incorporar a Buenos Aires porque por tradición la consideraban hermana.
La derrota de Rosas supuso la llegada de los
unitarios al poder y con los unitarios la destrucción de la soberanía social y
el primado de la soberanía política. De ahí en
adelante el Estado no ha dejado lugar a las autonomías familiares, municipales
y provinciales y se ha metido en todo lo que no le compete.
Leamos a Vázquez de Mella:
“El absolutismo
es la ilimitación jurídica del Poder, y consiste en la invasión de la soberanía
superior política en la soberanía social; cuando la
soberanía social se niega en un pueblo porque la soberanía política la invade,
empieza por las regiones, sigue por las comarcas y municipios y llega hasta las
familias; y no encontrando ya los derechos innatos del hombre en medio
de asociación permanente que esté fuera de la acción del Estado y que le sirva
de escudo para desarrollarse, los individuos mismos quedan sujetos a la tiranía
del Estado; y entonces, identificándose las dos soberanías, nacen los grandes
socialismos políticos, precursores de los económicos, por la absorción de todos
esos órganos en uno. La confusión de la soberanía
social y política es la característica de las sociedades modernas. Esta
es la hora en que no hay una sola entidad, una sola corporación, una sola
sociedad natural y de aquellas que de las naturales se derivan, que no pueda
levantarse contra el Estado y demandarle por algún robo de algunas de sus
facultades y de sus atributos.”
Para que haya soberanía social debe
haber libertad e independencia, en las familias, en los municipios, en las
provincias. Sino hay libertad e independencia no se podrán lograr los fines
individuales y colectivos. En un mundo como el de hoy, la libertad e independencia la da la
autarquía, o sea, la posibilidad de sustentarse materialmente.
En nuestro país hay dos fenómenos que se dan
paralelamente. En primer lugar, la falta de
libertad e independencia por la falta de autarquía, casi imposible de lograr en
la economía argentina. Por otro lado, la
intromisión del Estado en las libertades individuales y colectivas coartando la
independencia de los pocos órganos intermedios que quedan: los mal llamados
“nuevos derechos”, la injusticia en el repartimiento de los recursos nacionales
a través de la Ley de Coparticipación, etc. Nos quitan la independencia
económica y nos quitan la independencia social y la única que nos queda es la
política, pero que para poder ejercerla debemos someternos a sus reglas, que no son para nada santas. Este estrechamiento de
lo económico y social no es más que para engrosar las filas burocráticas del
Estado, destruyendo la libre asociación familiar y social para buscar los fines
naturales y materiales y las autonomías municipales y provinciales, que son las
únicas que pueden restringir el poder a este Estado Todopoderoso. También
para mantener al ejército sostenedor de esta democracia, no por convicción sino
por necesidad.
Por
eso la manifestación social del 13 de septiembre salió de las entrañas de las
familias argentinas que, si bien no racionalizan esta situación expuesta,
sienten que sus libertades económicas y sociales se están restringiendo y que
no quieren transigir en política. El endurecimiento del Ejecutivo sobre
la sociedad es el Estado contra la Sociedad. Hoy estamos frente a este combate:
la soberanía política, el Estado manejado despóticamente por el Ejecutivo, quiere
terminar de fagocitar lo que queda de soberanía social, pero la Sociedad se
niega y se levanta para defender los derechos que la ayuden a cumplir con sus deberes
y llegar a sus fines, ya sea de manera individual como de manera colectiva.
El siguiente paso es que la
sociedad tome conciencia que el Estado no es ni debe ser dispensador de
derechos y deberes, sino más bien protector y cooperador en la búsqueda de los
fines sociales. Debemos, como conjunto de familias,
corporaciones, grupos sociales, llamar al orden a la soberanía política y
demostrarle cual es su verdadera finalidad. Si,
habiendo advertido a la soberanía política de sus desmadres y no teniendo
respuestas, debemos encauzar nosotros mismos este proceso sino queremos crear,
por desidia o desinterés, un Estado Totalitario.
